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    Alarma en asesorías de empresas y abogados por las inspecciones del Sepblac

     

     

    26 de mayo de 2014


     

    El pasado mes de febrero el SEPBLAC sorprendió a propios y extraños con la instrucción de ‘inspecciones de alcance limitado’ a bufetes de abogados, gestorías de empresas y empresas dedicadas al juego on-line.

    La sorpresa fue tal en las entidades que recibieron el requerimiento, que prácticamente cundió el pánico.

    Automáticamente en periódicos, blogs, foros y grupos especializados en esta materia, corrió la noticia como la pólvora.

     

    Se ha montado tanto revuelo por ser la primera vez que el SEPBLAC instruye de manera sistemática inspecciones de control fuera de marco de las entidades financieras, y como cabría de esperar, nadie tiene prácticamente nada hecho.

    Y es que en este nuestro país, el dicho de “Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena” se queda corto y sustituirlo por “Nos acordamos de Santa Bárbara cuando nos cae el rayo en la cabeza” sería más acertado.

    Llegado a este punto, cabe preguntarse a que se debe el cambio de rumbo del SEPBLAC: al cambio de su director general en octubre de 2013, a motivos recaudatorios, a que ya tocaba…

    Probablemente la explicación sea la misma que motivó en diciembre de 2013 la modificación de la Ley 10/2010 que, entre otras medidas, incluía la aplicación a los PRP´s nacionales (Personas de Responsabilidad Pública) de medidas de diligencia debida reforzada, y que no es otra que el examen que el GAFI está realizando al sistema de PBC&FT español.

    El REQUERIMIENTO TIPO que hace referencia a los sujetos obligados definidos en las letras m), ñ), y o) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010 (asesores fiscales, contables y abogados), atiende a las recomendaciones del GAFI al Servicio Ejecutivo español, donde aconsejaba realizar un mayor control y seguimiento a este colectivo, ya que son colaboradores necesarios en los procesos de blanqueo para la gestión contable y fiscal de entramados empresariales, el asesoramiento sobre cuestiones legales e incluso para representar y dotar de credibilidad a los blanqueadores.

     

    La Ley de 10/2010 de blanqueo de capitales, es probablemente la ley administrativa más dura de la legislación actual y su incumplimiento conlleva importantes sanciones tanto para la empresa como para sus directivos. En la práctica, la sanción mínima por incumplimiento es de 60.001€ (sanción mínima por infracción grave), puesto que casi cualquier incumplimiento es considerado grave.

     

    Sin embargo, creo que muchos de asesores fiscales, contables y abogados que lean este artículo pensarán lo siguiente:

    Y es que somos así...

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